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La defensa del diputado nacional había pedido la modalidad virtual por compromisos en el Congreso. La magistrada sostuvo que la presencialidad es la regla y ratificó la citación en Tribunales.
La jueza de Garantías Mónica Lucero ratificó que el diputado nacional Cristian Andino deberá presentarse de manera presencial en Tribunales por la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. La audiencia de formalización fue programada para el martes 10 de noviembre a las 14:30 en la Sala N.º 9.
De esta manera, la magistrada rechazó de plano los recursos presentados por la defensa técnica del legislador —que incluían un planteo de nulidad, recurso de revocatoria y apelación subsidiaria— con los que buscaba autorizar la asistencia a través de videoconferencia.
Los argumentos del rechazo judicial
En su resolución, Lucero declaró inadmisible el planteo y remarcó aspectos clave para sostener la presencialidad:
Dirección del proceso: La modalidad de la audiencia es una facultad del juez y no constituye una medida de coerción susceptible de impugnación.
Regla general en el fuero penal: La presencialidad es el estándar ordinario en las audiencias de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
Motivos laborales: Las funciones o tareas legislativas en el Congreso no justifican por sí solas la excepción de la videoconferencia.
Antecedentes: Aunque la ausencia de Andino en la convocatoria del 14 de octubre fue justificada, ese antecedente no genera el derecho a declarar a distancia en las instancias posteriores.
Fecha confirmada tras las ausencias de octubre
La audiencia de formalización de la IPP debió reprogramarse luego de que ni Andino ni el senador nacional Sergio Uñac asistieran a la primera cita del pasado 14 de octubre.
En aquella ocasión, mientras las defensas solicitaron contemplar las agendas parlamentarias, la Fiscalía exigió la comparecencia en persona de los 11 imputados en la causa. La jueza dio por justificadas las ausencias de ese día, pero fijó la nueva fecha del 10 de noviembre con carácter obligatorio y presencial.
Qué se investiga en la causa del Acueducto Gran Tulum
El expediente se inició en diciembre de 2025 a raíz de una denuncia por presuntas anomalias en el desarrollo y ejecución del acueducto. Entre las líneas principales de investigación, el Ministerio Público Fiscal busca determinar:
Si la calidad de las cañerías y materiales utilizados cumplía con las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos.
Si existieron sobreprecios u otro tipo de perjuicio patrimonial contra el Estado provincial.
Como parte de las medidas probatorias, en septiembre pasado se llevaron a cabo allanamientos en la firma Krah —proveedora de los ductos—, donde los peritos secuestraron documentación contable y equipos informáticos para su posterior análisis pericial.
